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La presencia de intermediarios abusivos —los coyotes— continúa perjudicando gravemente a los productores, especialmente a los frijoleros.
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El diputado federal por Morena, José Narro Céspedes, hizo un llamado urgente a combatir la corrupción y la inseguridad que siguen golpeando al campo de Zacatecas, al señalar que la presencia de intermediarios abusivos —conocidos como coyotes— continúa perjudicando gravemente a los productores, especialmente a los frijoleros.
El legislador explicó que mientras los agricultores venden su producto entre 8 y 12 pesos por kilo, los intermediarios lo comercializan hasta en 27 pesos, generando una brecha injusta que despoja a los campesinos de sus ganancias legítimas.
Narro Céspedes estimó que para el 2025 la producción estatal de frijol alcanzará aproximadamente 300 mil toneladas, aunque advirtió que gran parte de esa cosecha termina en manos de los acaparadores, lo que representa un golpe directo a la economía rural.
Ante esta situación, propuso fijar el precio del kilo de frijol en 30 pesos, además de habilitar bodegas de acopio y establecer volúmenes de compra regulados que garanticen el cumplimiento de los precios oficiales.
El diputado también señaló que problemáticas similares afectan a otros cultivos, como la cebolla, donde la delincuencia organizada interfiere en los procesos de comercialización. “Lo mismo ocurre con el cobro de piso al ganado, lo cual agrava la crisis que viven los productores”, puntualizó.
Asimismo, anunció que el 20 de octubre se llevará a cabo una reunión nacional de productores en el Congreso de la Unión, con el propósito de definir estrategias que frenen los abusos y enfrenten la reducción presupuestal al campo, que pasará de 77 mil a 75 mil millones de pesos.
Narro Céspedes lamentó que el sector agropecuario continúe sin fondos de garantía, créditos accesibles ni seguros contra desastres naturales, lo que, a su juicio, demuestra la ausencia de una política agraria sólida dentro de la Cuarta Transformación.
Si bien reconoció los avances logrados mediante los programas sociales, cuyo presupuesto alcanza 960 mil millones de pesos, advirtió que el uso político de estos recursos puede desvirtuar sus objetivos originales y perpetuar las desigualdades sociales en México.
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