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No se puede ser omiso ante estas circunstancias que perjudican a colectivos de búsqueda, los grupos feministas, adolescentes y mujeres, señala Romo Fonseca.
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Dentro de la sesión de la LXV, la diputada Ana María Romo Fonseca planteó con el objetivo de que se pueda informar de manera detallada sobre las medidas o acciones que se han implementado con los elementos policiales, derivado de los diferentes conflictos con la ciudadanía, qué sanciones se han impuesto a dichos elementos, si han sido inhabilitados y si se han atendido las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos
Romo Fonseca planteó a sus homólogos, exhortar de manera respetuosa al Secretario de Seguridad Pública Gral. Bgda. D.E.M. Arturo Medina Mayoral, y al Director de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas, a que comparezcan ante el Pleno de esta Legislatura.
La diputada promovente recordó como en los últimos meses se ha registrado la difusión mediante las redes sociales de diversos videos en donde se aprecian a los elementos policiales en conflicto con diversos sectores de la población, por lo que enfatizó en que, esta LXV Legislatura del Estado de Zacatecas no puede ser omisa ante estas circunstancias que perjudican a colectivos de búsqueda, los grupos feministas, adolescentes y mujeres jóvenes en lo individual, luchadores y luchadoras sociales, activistas, comerciantes o algún otro gremio.
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Procuración de justicia
En su momento, el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero dio a conocer la iniciativa con proyecto de Decreto, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de procuración de justicia.
La reforma propuesta plantea elevar a rango constitucional la justicia cívica como un servicio público municipal, por lo que el legislador Flores Guerrero declaró que con la presentación de esta iniciativa inicia una cruzada estatal por la justicia cívica, como un compromiso social con todas y todos quienes vivimos en Zacatecas.
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Fraude inmobiliario
En el Estado de Zacatecas se ha identificado un fenómeno creciente que compromete gravemente la seguridad jurídica, la fe pública y el derecho de propiedad: la proliferación de esquemas de fraude inmobiliario, particularmente en el Centro Histórico de la capital.
Esta zona, caracterizada por una alta concentración de fincas antiguas, inmuebles abandonados y propiedades cuyos propietarios residen fuera del estado o del país, se ha convertido en un espacio vulnerable para la actuación de grupos organizados que, mediante diversas maniobras fraudulentas, buscan apropiarse ilícitamente de bienes inmuebles.
Lo anterior, fue expuesto por el diputado Santos Antonio González Huerta al momento de someter a la consideración de la Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 339 bis al Código Penal para el Estado de Zacatecas, en materia de fraude inmobiliario, ya que, con la creación de un artículo específico, se permitirá dotar a las autoridades ministeriales y judiciales de herramientas más precisas para investigar y sancionar estas conductas, al tiempo que establecerá penas más elevadas y agravantes claras para servidores públicos, notarios o personas con acceso privilegiado a información registral o catastral.
De esta manera, dijo el promovente, se fortalece la seguridad jurídica inmobiliaria, se protege el patrimonio familiar y se preserva el valor histórico y cultural de las fincas del Centro Histórico de Zacatecas y de todo el territorio estatal.
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