El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las propuestas de la Comisión de Fiscalización respecto de tres proyectos de resolución en contra de los partidos políticos Morena, Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) por diversas conductas contrarias a la ley sobre el origen y destino de los recursos.

Las consejeras y consejeros electorales determinaron por mayoría, con el voto en contra del Consejero José Roberto Ruiz, imponer a Morena una sanción por 197 millones 46 mil 413 pesos por la constitución de un fideicomiso para allegarse de recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la ley.

Al fideicomiso ingresaron 78.8 millones de pesos a través de depósitos en efectivo (44 mdp), cheques de caja (14.7 mdp), transferencias bancarias y SPEI (19.7 mdp), mientras que egresaron a través de cheques de caja 64.4 millones de pesos, principalmente a miembros del partido, los cuales fueron cobrados en efectivo.

La sanción impuesta asciende a 250 por ciento del monto involucrado, al haberse configurado la omisión en el reporte de ingresos, el rebase del límite de aportaciones en efectivo, recibir recursos de personas desconocidas y de ente prohibido (personas morales).

Al respecto, el Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización explicó que esta acción constituye un fraude a la ley, pues se comprobó que la apertura de un fideicomiso, supuestamente para apoyar a los damnificados del sismo, fue creado y operado por la dirigencia del partido Morena.

El Consejero Murayama precisó que el fideicomiso se nutre de recursos de procedencia prohibida como son los de origen desconocido -44.4 millones de pesos en efectivo-  y provenientes de empresas (3.2 millones de pesos), además de que se ejerce un total de 64.4 millones de pesos a través de cheques de caja y en efectivo por 56 personas relacionadas con el partido -legisladores y candidatos- lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas de un partido.

“Tolerar esta conducta implicaría fracturar las reglas del juego limpio con el dinero de los partidos políticos, permitir la opacidad y el uso de cantidades millonarias de dinero de origen desconocido, lo que pondría en riesgo la competencia democrática”, afirmó.

En el caso del PRI, el Consejo General determinó sancionar al partido por recibir aportaciones por parte de una dependencia del gobierno del estado de Chihuahua durante el ejercicio 2015.

En la investigación realizada se pudo acreditar que, desde la Secretaria de Hacienda del estado y mediante un sistema de compensaciones, se realizaban descuentos a los trabajadores de Chihuahua sin su conocimiento por un monto de 14 millones 617 mil 881 pesos para ser entregados al partido. Por este motivo el pleno determinó sancionar al partido la falta, con el 250 por ciento del monto involucrado; es decir, 36 millones 544 mil 702 pesos.

En el caso del PAN, las consejeras y consejeros electorales determinaron sancionar al partido por tres aportaciones al entonces precandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, por un monto de 1.5 millones de pesos, los cuales fueron depositados por una persona moral a tres personas físicas quienes lo aportaron al partido.

Así se configuró una aportación en dinero por interpósita persona de un ente prohibido en la ley. La sanción impuesta asciende al 200 por ciento del monto involucrado, es decir tres millones de pesos.