ZACATECAS

Promovemos políticas de prevención contra la violencia: Jehú Salas

 

Destaca la actuación y atención en materias de derechos humanos, seguridad, gobernabilidad, justicia social y salubridad por la contingencia.

 

 

   Redacción / 08 de octubre 2020

 

En la historia del estado no se había contado con una política de prevención contra la violencia y la delincuencia; hoy, asentó Jehú Eduí Salas Dávila, secretario general de Gobierno, se promueve una política pública que integra la participación ciudadana y la cohesión comunitaria como ejes de paz.

Al comparecer con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, en la tribuna de la LXIII Legislatura de Zacatecas, expuso que la entidad ahora tiene un modelo de prevención de la violencia y comisión de delitos construido con base en una estrategia viable y de carácter científico.

Jehú Salas dio cuentas sobre las acciones, resultados, compromisos y retos por parte del Gobierno que encabeza Alejandro Tello, y externó que, desde las distintas áreas de esta Secretaría, se han atendido temas como derechos humanos, seguridad, gobernabilidad y justicia social, además de diseñar un plan emergente ante la contingencia de salud pública,

Los desafíos de la gobernabilidad democrática, añadió, obligan a la atención y gestión responsable de los asuntos públicos, fuera de especulaciones e intereses particulares, por lo que este Gobierno se ha conducido con respeto irrestricto a todos los actores sociales y políticos, con diálogo permanente, abierto y franco, con la firme voluntad política de trazar acuerdos y cumplirlos.

Salas Dávila mencionó que, durante estos cuatro años de desafíos atípicos, como la contingencia sanitaria y la falta de recursos públicos, se han tomado decisiones pensando en el interés colectivo, sin poner en riesgo la estabilidad financiera del estado ni la viabilidad de los programas sociales.

Jehú Salas aseguró que en Zacatecas prevalecen el diálogo y la política, y que no hay situaciones que pongan en riesgo la permanencia de Poderes estatales, que exista destitución arbitraria de titulares de órganos autónomos o la tentación de traicionar la voluntad popular para ampliar el ejercicio del poder o corromper sus equilibrios.

Agradeció a quienes han privilegiado el diálogo, la conciliación y el intercambio político sobre la arrogancia, la vanidad, el protagonismo y el interés particular, a quienes han optado por la construcción de puentes de entendimiento político, la concertación y el debate constructivo y propositivo.

Reconoció a las dependencias y entidades de la administración pública estatal el trabajo unido, coordinado y decidido que ha prevalecido en estos cuatro años, y ponderó a esta Legislatura por fortalecer el ejercicio del gasto público, transformar la justicia laboral; establecer las bases de la política de mejora regulatoria en la entidad, así como promover y garantizar los derechos de las mujeres.

Para preservar, consolidar y garantizar el Estado de Derecho, en las instancias del servicio público recae la responsabilidad de marcar límites a las acciones de los ciudadanos con el fin de salvaguardar el interés público, proteger a las personas de la violencia y garantizar que toda la sociedad acceda a mecanismos institucionales para resolver sus conflictos.

En Zacatecas, agregó, “ninguna expresión social o política es desestimada. No existe demanda alguna, movimiento, protesta o conflicto social que la Secretaría General de Gobierno no haya atendido, siempre con ánimo de mediar y facilitar la transición a la solución de conflictos, respetando las posturas ideológicas o políticas”.

 

Sobre la relación con los municipios, mencionó que todas las autoridades de esta esfera tienen las puertas abiertas y las propuestas de solución a sus problemáticas, “y así seguirá siendo durante lo que resta de este Gobierno de apertura y voluntad política firme”.

Reiteró que el actuar de todos los órganos de Gobierno estará encaminado a la consolidación y conservación del Estado de Derecho, como una apuesta real para lograr la gobernabilidad y estabilidad en la entidad, con la garantía de derechos fundamentales, límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto; orden y seguridad, cumplimiento regulatorio y acceso a la justicia.

Salas Dávila reconoció que se debe mejorar la accesibilidad, la transparencia y la responsabilidad de la gestión pública, por lo que en el Gobierno de Alejandro Tello se busca en todo momento fortalecer la calidad de las instituciones y legitimar sus acciones, con un sistema inteligente, abierto, transparente, equitativo y vinculado con la sociedad civil y el sector privado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirman sanción contra violencia política; Ulises con sus derechos político-electorales

 

Sala Regional Monterrey de TEPJF confirma sentencia del TRIJEZ sobre violencia política contra las mujeres por razón de género.

 

 

   Redacción / 08 de octubre 2020

 

En Sesión Pública virtual, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió las impugnaciones presentadas en contra de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas identificada con el número de expediente TRIJEZ-JDC-004/2020 y su acumulado promovidas por la Síndica y el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, respectivamente.

Sobre el caso, la Sala Regional Monterrey del TEPJF determinó confirmar la sentencia impugnada debido a que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas sí cuenta con atribuciones para conocer y resolver asuntos relacionadas con violencia política contra las mujeres por razón de género a través de medios impugnativos cuando se trate de cuestiones relacionadas con el derecho a votar y ser votada en su vertiente del derecho a desempeñar un cargo público, por lo que en el caso concreto, se justificó la intervención de la autoridad local.

A su vez, la Magistrada y Magistrados de la Sala Regional Monterrey del TEPJF señalaron, que fue correcta la determinación del TRIJEZ de considerar que no existió una política general en el Ayuntamiento de racionalización de recursos y retiro del personal, asimismo, determinaron como ineficaces los agravios relativos a que la autoridad electoral local valoró indebidamente las pruebas o que no contó con pruebas suficientes para considerar acreditada la violencia política contra las mujeres por razón de género.

 En ese sentido, respecto a las y los funcionarios que son imputados por la comisión de violencia política contra las mujeres por razón de género, la Sala Regional Monterrey del TEPJF determinó que el Tribunal local no incurrió en incongruencia, puesto que dicha conducta puede ser atribuida a cualquier persona conforme al diseño de la ley y no existe distinción o expulsión por el género de la persona a quien se le atribuye.

Finalmente, respecto a la solicitud que realizó la Sindica Municipal de incluir a las y los sentenciados en el registro nacional de personas sancionadas por cometer violencia política contra las mujeres por razón de género, la Sala Regional determinó desestimar la petición puesto que los lineamientos de dicho padrón se publicaron con posterioridad al dictado de la sentencia local, debido a ello, no existió la obligación por parte del TRIJEZ de ordenar su registro en dicho padrón.

Por lo anterior, la Sala Regional Monterrey del TEPJF confirmó la sentencia impugnada.

 

 

 

 

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